En este apartado, hemos puesto artículos o noticias que nos
han parecido interesantes tanto por su temática como para reflexionar sobre
ellas:
Un matrimonio en paro con dos menores es desahuciado tras
una carga policial
Un matrimonio en paro con dos hijos y un mayor a su cargo se
queda sin vivienda
La policía detiene a un activista contra los desahucios.
/ XOÁN REY (EFE)
Cuatro furgones de antidisturbios acudieron esta mañana a
forzar el desahucio de una familia en el barrio de Aríns, en Santiago. La
actuación de los agentes se saldó con la detención del mediador que Stop
Desafiuzamentos había pactado con el mando policial (ya está en libertad),
varios activistas identificados y los afectados —un matrimonio en paro, dos
menores y una anciana— en la calle. Ni la Xunta de Galicia ni el Ayuntamiento
santiagués les han facilitado a las víctimas del desalojo un techo alternativo,
una labor en la que hoy por la tarde aún estaban volcados los miembros de Stop
Desafiuzamentos Compostela.
Los agentes cargaron contra las personas que intentaban
frenar el desahucio y finalmente los residentes en la vivienda aceptaron
abandonarla. “La familia accedió a irse cuando vio que nos pegaban”, relata una
de las portavoces de Stop Desafiuzamentos. Los activistas pasaron la noche del
jueves al viernes acompañando a la familia en su angustia y, desde que la
policía llegó a la casa a las 7.20 de la mañana, negociaron sin éxito una
salida que evitara dejarla sin hogar. “Hemos hecho todo lo posible para
negociar”, afirman desde la organización de apoyo a las víctimas de desahucios.
El solicitante del desahucio de la familia de Aríns no fue
en esta ocasión un banco, sino un hombre al que los afectados acusan de estafa.
“Una sociedad que legitima como algo justo que una familia se quede sin casa
para dársela a un estafador y que las fuerzas de seguridad del Estado
intervengan para garantizar ese desalojo es una sociedad enferma”, lamentó el
portavoz del BNG en Santiago, Rubén Cela.
El niño maltratado por una pareja ingresó con los ojos
morados y quemaduras
El
padre del menor lo dejó al cuidado del matrimonio
El niño de cuatro años maltratado por un matrimonio al que
el padre del menor dejó a su cargo, ingresó con los ojos amoratados y
quemaduras en los glúteos y en las piernas en un hospital de Vitoria, donde aún
permanece internado y está “estable”. Fuentes cercanas a la investigación han
desvelado los detalles de este caso, por el que esta semana han sido detenidos
los dos miembros del matrimonio acusados de maltrato y lesiones al menor,
aunque ambos han quedado en libertad con una orden de alejamiento del niño.
Los hechos se conocieron ayer, pero la investigación de este
caso comenzó el pasado domingo, cuando el menor ingresó en el Hospital de
Txagorritxu de la capital alavesa.
Según las mismas fuentes, el padre dejó al niño a cargo de
un matrimonio con el que tiene una relación de confianza y amistad porque él no
tiene domicilio fijo en Vitoria y actualmente duerme en un taller. Además, la
madre del menor se encuentra presa en Bolivia. Ante esta situación, dejó al
niño a cargo de esta pareja, que el domingo por la mañana le entregó a su hijo
encapuchado.
Al quitarle la capucha, el padre descubrió que tenía los
ojos amoratados y que además sufría quemaduras en los glúteos y en las piernas.
El padre le dio de desayunar y llamó a su hermano y al abuelo del niño, familiares
que fueron quienes lo trasladaron al hospital de Txagorritxu de Vitoria.
Fuentes de este centro sanitario han indicado que el menor se encuentra
ingresado en una habitación de Pediatría, que está "estable" y que
probablemente seguirá internado al menos hasta el lunes.
Al conocer este caso se activó el protocolo establecido por
la Diputación de Álava y, ante la "situación de desprotección" en la
que se encuentra el niño, la institución foral ha asumido su tutela.
La Ertzaintza, por su parte, inició la investigación el pasado
domingo al tener conocimiento del ingreso del menor en el hospital con signos
de maltrato y diversas lesiones causadas al parecer en fechas recientes. La
sección de Investigación de la Policía Vasca instruyó diligencias y notificó
los hechos al Juzgado y a la médico forense.
Los agentes continuaron con la toma de declaraciones y con
las investigaciones e identificaron a los presuntos autores del hecho, un
hombre de 37 años y su mujer, de 36, que habían tenido al menor a su cargo
durante las dos últimas semanas a petición de su padre. Los ertzainas iniciaron
la búsqueda de los dos sospechosos hasta que el pasado martes, el hombre se
presentó en dependencias de la Ertzaintza de Vitoria acompañado por un abogado.
Los agentes lo detuvieron y, tras ser puesto a disposición
judicial, quedó en libertad con una orden de alejamiento del menor de 200
metros. Su mujer, acusada de los mismos delitos, permaneció en paradero
desconocido hasta ayer, cuando fue localizada y detenida también en Vitoria,
tras lo cual fue conducida al Juzgado de Guardia y ha quedado en libertad,
también con una medida de alejamiento del menor de 200 metros.
El Departamento de Seguridad no ha dado a conocer los
detalles de este hecho pero fuentes conocedoras del caso han desvelado que
cuando el padre preguntó al matrimonio de amigos suyos qué le había pasado a su
hijo trataron de justificar los moratones de la cara diciendo que se había
caído. Respecto a las quemaduras en los glúteos y piernas le explicaron que se
los había hecho con un juego eléctrico.
La Ertzaintza ha tomado incluso declaración al pequeño en el
hospital en presencia de su tío. Una vez que le den el alta, el niño quedará
bajo la custodia de la Diputación alavesa.
Proteger al menor
Debe ponerse fin al embrollo legal que impide registrar a
niños nacidos por maternidad subrogada
La Ley de Reproducción Asistida de 2006 prohíbe en España la
maternidad subrogada, lo que no impide que cientos de parejas recurran cada año
a un vientre de sustitución para poder tener un hijo en algún país extranjero.
Son parejas heterosexuales con problemas de fertilidad y homosexuales que
quieren tener descendencia biológica. La inscripción en el Registro Civil
español de los niños nacidos por este procedimiento ha planteado desde el
principio enormes dificultades. Una instrucción interna del Ministerio de
Justicia permitió a partir de octubre de 2010 regularizar con ciertas
restricciones el registro civil de estos niños, siempre que pudieran acreditar
la cobertura legal de la subrogación.
Una sentencia del Tribunal Supremo volvió sin embargo a
complicar en febrero pasado la situación. El alto tribunal dictaminó que,
puesto que en España no está autorizada la maternidad subrogada, permitir la
inscripción de estos niños supondría una burla de la ley. A partir de ese
momento los consulados dejaron de autorizar la inscripción. El resultado es que
estos niños se encuentran viviendo en España como extranjeros —tienen la
nacionalidad del país de nacimiento— y viven con sus padres pero no tienen
reconocidos los derechos de ciudadanía, que abarcan desde cobertura sanitaria a
los diferentes derechos sociales. Las familias afectadas reclaman con razón una
salida al embrollo jurídico, y alegan que no han cometido ninguna irregularidad
pues se han acogido a una posibilidad legal en otro país.
Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del
26 de junio pasado ha abierto la puerta a una posible solución. Se trata de una
resolución contra Francia por una situación muy similar, por lo que es
aplicable a nuestro país. Afirma que los derechos del menor están por encima
del respeto al orden público legal. La solución parece estar clara: permitir la
inscripción de los niños, siempre que el país de subrogación garantice la
corrección legal del proceso. La dificultad radica en definir las exigencias de
esa corrección legal. La garantiza sin duda EE UU, al que recurren la
mayor parte de las familias, pues el proceso se realiza bajo supervisión
judicial. Pero en otros países, como Rusia, Ucrania o Tailandia, donde el
proceso es mucho más barato, no se dan las mismas garantías. Parece razonable
que se exija la máxima corrección, porque eso es lo que garantiza la seguridad
jurídica, aunque el control puede ser también de carácter administrativo.
Soy hombre, soy padre
Me llamo Carlos y tengo tres estupendos hijos de 18, 12 y 9
años con los que siempre he intentado ser un padre responsable y cercano. Pero
desde el inicio del proceso legal de divorcio en febrero de 2013 no puedo
serlo. Un sistema social y legal que privilegia la crianza de los hijos como un
derecho casi exclusivamente femenino y que pone bajo sospecha la capacidad de
los hombres para ejercer responsablemente nuestra paternidad en un acuerdo
justo de guarda y custodia compartida, me aleja cruelmente de ellos en un
momento decisivo para su crecimiento. Mientras la Administración judicial,
desesperantemente, tarda más de un año en resolver una simple demanda de
divorcio, ese sistema me anula como padre, condenándome a conformarme con las
“migajas” que se dignan a conceder a los muchos hombres que, como yo,
reclamamos seguir siendo lo que, más allá del fracaso de nuestros matrimonios,
siempre fuimos: padres enamorados de nuestros hijos.
Soy hombre. Soy padre. Concedámosle a nuestros hijos la
plenitud emocional —ratificada por numerosos estudios— de seguir gozando de sus
padres después de un divorcio. Es nuestro compromiso como hombres y nuestro
deber como padres y es su innegociable derecho como hijos.— Carlos
Hernández García.
Visitas de riesgo para los menores
El derecho de los padres a ver a sus hijos no puede
prevalecer sobre su protección
La ONU condenó a España el pasado verano por no proteger a una niña de siete años que fue
asesinada por su padre pese a las reiteradas denuncias de la madre, que se
había separado del homicida tras sufrir años de malos tratos. Ocurrió en
Arroyomolinos (Madrid) en 2003, justo un año antes de que entrara en vigor la
Ley Integral contra la Violencia de Género. Desde entonces se ha avanzado mucho
en la protección de las mujeres víctimas de maltrato, como reconocía el
dictamen de la ONU, pero no tanto en la de los hijos. Sucesos como el que acaba de ocurrir en Asturiasprueban que la seguridad de
los menores, 10 años después de la aprobación de la ley, sigue siendo una
asignatura pendiente.
El anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia reconoce
por primera vez a los hijos de las maltratadas como víctimas directas de la violencia machista. Es un paso, desde
luego, pero ¿en qué se traduce eso? ¿Qué medidas reales implica en la práctica?
El anteproyecto solo recoge una: los jueces estarán obligados a estudiar
siempre, y no solo si lo solicita la madre, como ocurre ahora, si deben
adoptarse medidas de protección cautelares para los hijos de mujeres
maltratadas. Y recomienda que, si se observa riesgo, suspendan las visitas y
retiren la custodia al maltratador.
La medida podría ser útil en situaciones como la de las dos
niñas de Asturias, cuya madre nunca advirtió el peligro y no se le ocurrió
pedir protección para ellas, pero no es suficiente porque elude la cuestión
principal, de la que llevan años advirtiendo tanto las asociaciones de mujeres
como los expertos en violencia de género: el derecho de los padres
maltratadores sigue prevaleciendo en los juzgados sobre el derecho a la
protección de los menores. Lo demuestra el hecho de que solo se suspende el
régimen de visitas en el 3% de los casos y únicamente se establecen medidas de
seguridad para los niños en el 2,2%.
Hace una semana la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
pidió al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que establezca protocolos para favorecer la supresión de las visitas y las
comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos para prevenir
así posibles riesgos. Y recomendó que se garantice por ley un examen
individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación
familiar de violencia de género. El PSOE planteó el año pasado algo similar en
el Congreso en una proposición no de ley que fue rechazada por el PP, alegando
que el Gobierno estaba elaborando normas “más incisivas”, refiriéndose en
concreto a la Ley de Protección a la Infancia. Pero no parece que una simple
recomendación a los jueces sea más “incisiva” que un protocolo formal.
No se trata de eliminar el derecho de los padres a ver a sus
hijos, sino de garantizar que cada caso sea estudiado con profundidad. Mientras
persista el estereotipo de que un padre maltratador no tiene por qué ser un mal
padre, seguirá prevaleciendo en los juzgados el derecho del adulto sobre el del
niño. Más de 800.000 menores se ven expuestos en España al maltrato que padecen
sus madres, según una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Medio millón de ellos no solo lo sufren como testigos, sino como víctimas
directas. Y alrededor de media docena cada año acaban muertos.
Primer paso dado!! ahora solo queda llevar esto de significado y disfrutar haciéndolo!!! Ánimo!!!!
ResponderEliminarCuando leo algunas noticias me hierve la sangre! Supongo que como futuras educadoras nos pasará a todas! Muy buen blog chicas!
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